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Principales medidas

La ley, entre otras medidas, elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler a partir de 2025 y fija un tope a las subidas del alquiler del 2% para este año y del 3% en 2024,.

Además se modifican los procesos de desahucios, con una serie de requisitos para dificultar los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. Por ejemplo, se prohíben que los desahucios se lleven a cabo sin fecha y hora predeterminada. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.

Asimismo, habilita a las comunidades autónomas para declarar zonas tensionadas y regular y topar los precios de los alquileres de dichas zonas tanto grandes tenedores como para pequeños propietarios.

En las llamadas zonas de mercado tensionadas -donde más suben las rentas-, se regularán todos los alquileres ya sean propiedad de grandes o pequeños propietarios y tanto para inmuebles que ya estuvieran en el mercado de alquiler como para nuevos contratos.

Para declara una área tensionada bastará que se cumpla una de estas dos condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración. También se podrá aplicar los límites del índice de referencia de precios a las nuevas viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años, si así se establece en la declaración de zona tensionada.

La norma también introduce deducciones fiscales para los pequeños propietarios que pongan su casa en alquiler en áreas tensionadas. La reducción alcanzará el 90% si la renta se rebaja más de un 5% en relación con la renta anterior, el 70% cuando se alquile a personas de entre 18 y 35 años o a una administración pública o entidad sin fines lucrativos, el 60% cuando se haya hecho una actuación de rehabilitación en los dos años anteriores y un 50% para el resto de los casos.

La nueva ley establece que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato correrán siempre a cargo del propietario, aunque sea un pequeño tenedor cuando en la actualidad esta obligación se aplicaba sólo para los grandes tenedores.

También hay cambios en materia de viviendas protegidas que estarán sometidas a un “régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación, en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo”. Solo se excluirán aquellos supuestos que “excepcionalmente” pueda prever la normativa autonómica en caso de que exista “causa justificada” para su descalificación o para el establecimiento de un plazo de calificación que, como mínimo, deberá ser de 30 años.


*Fuente: El inmobiliario mes a mes.